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Antes de este acto, los manifestantes exigieron justicia con pancartas y consignas, entre las que se encontraba la frase “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. La demanda principal de esta protesta era una reunión con Ricardo Monreal y Martha Lucía Micher, ambos senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes presiden la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Comisión para la Igualdad de Género, respectivamente.
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Los padres de los estudiantes desaparecidos advirtieron que se mantendrían alejados del Senado hasta ser atendidos por los legisladores. Antes de esto, habían realizado un bloqueo en la avenida Insurgentes, detrás del recinto legislativo, cerca de la avenida Paseo de la Reforma.
En cuanto al caso Ayotzinapa, en enero de este año, la audiencia contra Jesús Murillo Karam, ex titular de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ), fue aplazada por segunda vez. Se espera que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite una pena de 82 años de prisión.
Mientras se espera la fecha de la audiencia, programada para abril de este año, la familia de Karam busca que se le conceda prisión domiciliaria debido a problemas de salud que lo mantienen hospitalizado.
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Además, el 7 de febrero, la defensa legal de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa criticó a la FGR por “perder” a un testigo protegido que debía presentarse a declarar ante la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo y que no pudo ser localizado en su domicilio.
Ese mismo día, la jueza dictó auto de formal prisión contra ocho militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa, todos ellos acusados de delincuencia organizada. Testigos protegidos de la FGR, ex miembros de Guerreros Unidos, los señalaron por recibir sobornos del grupo criminal.
Por otro lado, un juez dictó la absolución de un presunto implicado, Ángel “N” alias El Mochomo. Sin embargo, la FGR apeló la decisión, por lo que sigue recluido en el Penal del Altiplano, acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada.
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