El Congreso de la Unión ha sido testigo de la presentación de 87 reformas destinadas a transferir asuntos civiles a los militares. Sorprendentemente, el 77% de estas propuestas se han presentado durante el sexenio de López Obrador. Sin embargo, sólo el 16% de ellas han recibido aprobación.
El Inventario Nacional de lo Militarizado revela que, entre 2006 y 2023, los tres niveles de gobierno han transferido funciones y presupuesto de civiles a las Fuerzas Armadas en al menos 258 ocasiones.
Las organizaciones México Unido Contra la Delincuencia, Intersecta y el Programa de Política de Drogas han proporcionado datos que muestran que, entre 2018 y 2022, se realizaron 123 convenios y acuerdos con este propósito. El año 2019 fue el más activo en este sentido, con un total de 41 acuerdos y convenios.
En contraste, entre 2007 y 2017, se realizaron un total de 135 de estos acuerdos y convenios, siendo 2017 el año con más acuerdos y convenios, sumando un total de 32.
Las organizaciones señalan que "la transferencia de funciones que no son de tareas de seguridad pública van en aumento. En la administración de Felipe Calderón (2006-2012), el 43% de los convenios federales transfirieron alguna función civil que no era de seguridad pública; el porcentaje subió 69% con Enrique Peña Nieto (2012-2018) y, subió a 83% con López Obrador".
Entre 2007 y 2022, la institución que más acciones de este tipo recibió fue la Secretaría de la Defensa Nacional, con un total de 207. Le siguieron la Semar, Sedena y Semar, en conjunto, y la Guardia Nacional, con 43, seis y dos, respectivamente.
La investigación indica que "las transferencias transgreden la Constitución, ya que asignan a las instituciones militares responsabilidades que no les corresponden. Estas van desde acciones de seguridad pública que no cumplen los parámetros legales, hasta tareas como reforestar, repartir juguetes, construir hospitales y obras hidráulicas, e incluso ‘concientizar’ sobre adicciones, entre otras actividades".
El informe detalla que el 48.5% de las firmas fueron entre las Fuerzas Armadas y las instituciones federales, mientras que el 49.6% se realizan con autoridades estatales. Además, un pequeño porcentaje, el 1.9%, corresponde a acuerdos firmados con municipios.
A nivel federal, las instituciones más recurrentes en firmar convenios con las Fuerzas Armadas son la Semarnat, Pemex y el SAT. A nivel estatal, los estados de Nuevo León, Tamaulipas y la Ciudad de México destacan como las entidades federativas con las que las fuerzas armadas han firmado más convenios.
En cuanto a las iniciativas de reforma, el informe muestra que se presentaron 87 iniciativas de reforma constitucional y legislativa entre 2007 y agosto de 2023 para transferir funciones civiles a las fuerzas armadas. El 77% se presentó entre 2018 y 2023, siendo la mayoría impulsada por el partido Morena.
Sólo el 16% de estas iniciativas fueron aprobadas, pero representaron cambios importantes, incluyendo dos reformas constitucionales relacionadas con la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.
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