La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con mayoría de Morena y sus aliados, el dictamen de reforma constitucional propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia judicial. Esta reforma, que fue debatida durante 12 horas, incluye la elección de jueces, ministros y magistrados mediante voto directo y universal, y propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, así como acortar su periodo de gestión de 15 a 12 años.
Durante la discusión, se aceptó la propuesta de Lidia García Anaya sobre "jueces sin rostro", que busca proteger la identidad de los jueces en casos de delincuencia organizada. Sin embargo, la reforma fue fuertemente criticada por la oposición, que la considera perjudicial para México y un intento del Ejecutivo de controlar al Poder Judicial. Rubén Moreira, líder del PRI, señaló que la reforma debería enfocarse en aumentar el personal y los salarios en los juzgados federales, así como en mejorar el Ministerio Público y los centros periciales, en lugar de permitir la intervención de poderes fácticos.
El PAN y otros partidos de oposición advirtieron que la reforma podría afectar la independencia judicial y traer consecuencias negativas, como sanciones a los jueces. En contraste, los legisladores de Morena defendieron la reforma, argumentando que busca acercar la justicia a la población más pobre y eliminar los privilegios de los jueces. También acusaron a la huelga de trabajadores del Poder Judicial de ser de carácter político, promovida por la ministra presidenta Norma Piña.
La discusión también estuvo marcada por el reclamo de la diputada sin partido Susana Prieto, quien denunció violencia política y censura por parte de su exgrupo parlamentario, Morena. La reforma será discutida y votada en la próxima Legislatura, que comenzará el 1 de septiembre. La oposición insiste en que la iniciativa es una venganza del Ejecutivo contra el Poder Judicial y un intento de controlar a este poder.
El debate reflejó la polarización entre los legisladores, con Morena y sus aliados defendiendo la reforma como necesaria para transformar el sistema judicial, mientras que la oposición la considera un atentado contra la independencia del Poder Judicial y una forma de fortalecer el control del Ejecutivo sobre este. La reforma será debatida y votada en la nueva Legislatura que comenzará el 1 de septiembre, donde se decidirá su destino final.