La extorsión del crimen organizado, conocida como cobro de piso, ha alcanzado niveles récord en México y ahora afecta a los albergues de migrantes en la frontera con Estados Unidos. Activistas en Tijuana han denunciado públicamente acoso, infiltraciones del crimen, extorsiones y amenazas de muerte.
Gustavo Banda Aceves, director del albergue Embajadores de Jesús, reportó amenazas del crimen organizado debido a que resguarda a migrantes y mexicanos desplazados por la violencia. A pesar de levantar denuncias, no han recibido protección adecuada de las autoridades.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que el cobro de piso ha aumentado un 45.3% durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, con un promedio de 31 víctimas por día entre enero y abril del último año.
Activistas como Susana Barrales, de La Casita de Unión Trans, han recibido amenazas de muerte y viven en constante temor. Claudia Portela, del Proyecto Salesiano Tijuana, señaló que la inseguridad afecta a toda la sociedad.
Además, el crimen organizado se infiltra en los albergues para convencer a migrantes de pagar por cruzar la frontera de manera irregular, lo que a menudo resulta en secuestro y extorsión.
El pastor Albert Rivera Colón, del albergue Misión Ágape Mundial, denunció que estos criminales siguen amedrentando a los desplazados que huyen de la violencia. Banda Aceves también afirmó que los grupos delictivos buscan a sus víctimas en Tijuana, provenientes de otras partes de México y Latinoamérica.