El magistrado de circuito Carlos Soto criticó duramente la reciente reforma al sistema judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señalando que esta demuestra que "lo único que le importa es el dinero". Su comentario hace referencia a uno de los cambios aprobados el pasado 11 de septiembre, el cual establece que los juicios fiscales deberán resolverse en un plazo máximo de seis meses.
Soto cuestionó por qué solo los asuntos fiscales tienen prioridad, sugiriendo que el gobierno se enfoca en esta área porque busca obtener ingresos, a pesar de que existen otras materias judiciales más relevantes, como la familiar. "Para el Estado, lo único que importa es el dinero", afirmó el magistrado, criticando que esta reforma prioriza intereses fiscales sobre cuestiones más trascendentales para los ciudadanos.
Durante el "Foro de debate sobre la reforma judicial en México y sus implicaciones", celebrado por Zoom, Soto también cuestionó la figura de los "jueces sin rostro", que considera una regresión antidemocrática. Este modelo, que ya fue declarado inconstitucional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el contexto de la dictadura de Alberto Fujimori en Perú, es parte de la reforma que, según Soto, pone en peligro las garantías de transparencia y justicia.
El magistrado también expresó preocupación sobre el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros, argumentando que está diseñado para favorecer a candidatos afines al partido en el poder, Morena. Soto advirtió que esto compromete la independencia del Poder Judicial, pues cree que las decisiones judiciales podrían estar controladas o cooptadas por intereses del gobierno.
En su intervención, Soto mencionó que el Poder Judicial está "pagando la penitencia" por haber sido demasiado silencioso ante los ataques constantes del presidente López Obrador durante los últimos seis años. Según él, esto ha generado una percepción pública de que el sistema judicial no defiende los derechos de los ciudadanos, lo que hace difícil revertir esta imagen.
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de revertir la reforma, Soto se mostró pesimista, asegurando que en el corto plazo no ve una posibilidad real, pero que a mediano plazo podría lograrse con voluntad política. Subrayó la importancia de las elecciones intermedias dentro de tres años y la presidencial en seis, señalando que estos comicios podrían abrir la puerta a una recuperación de la independencia judicial.
Soto explicó que, en última instancia, la decisión sobre la reforma recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que podría analizar su constitucionalidad si se interpone un juicio de amparo. Aunque sería un hecho inédito, el magistrado cree que la SCJN tiene el poder para invalidar la reforma, siempre que decida ejercerlo.
Finalmente, respecto a las movilizaciones que se siguen realizando en la capital en contra de la reforma judicial, Soto indicó que ya no tienen mucho sentido. Criticó que los poderes judiciales locales no se hayan manifestado para impugnar la reforma, lamentando que no se opusieran públicamente a pesar de que, según él, "todos ellos van a ser destituidos".
