Ayer martes, alrededor de las 9:00 p.m., elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) dispararon contra una camioneta de redilas en una carretera de Chiapas, creyendo que podría tratarse de integrantes de grupos delincuenciales debido a su alta velocidad. El incidente dejó un saldo de seis migrantes muertos y diez heridos. Las víctimas eran originarias de Egipto, Nepal, Cuba, India, Pakistán y otras regiones del Medio Oriente.
La Sedena informó en un comunicado que los dos militares responsables de los disparos han sido separados de sus funciones y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar el hecho. También se realizarán investigaciones internas por parte de la Fiscalía General de Justicia Militar.
Los hechos ocurrieron cuando los militares realizaban un recorrido y detectaron tres vehículos a alta velocidad, uno de los cuales evadió al personal militar. Al abrir fuego contra las camionetas, descubrieron que en total transportaban a 33 migrantes. Cuatro de ellos murieron en el lugar y dos más fallecieron en el hospital. Diez migrantes resultaron heridos y recibieron atención médica, mientras que otros 17 salieron ilesos y fueron puestos bajo custodia del Instituto Nacional de Migración (INM).
El mismo día, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la adhesión formal de la Guardia Nacional a la Sedena, tras una reforma aprobada la semana pasada. La medida fue respaldada por la mayoría del partido Morena en el Congreso, mientras que la oposición votó en contra argumentando que representa la militarización de la institución. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) había advertido que la reforma podría llevar a una mayor militarización sin los controles civiles adecuados, según lo recomendado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.