Entre mayo y septiembre de 2023, México recibió a más de 31,000 personas expulsadas por Estados Unidos. Estos migrantes enfrentan desafíos significativos, incluyendo la necesidad de alfabetización digital debido a la obligatoriedad impuesta por el gobierno de Estados Unidos de utilizar la aplicación CBP One para solicitar asilo.
Human Rights Watch (HRW) publicó un informe denunciando que los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y son obligados a esperar en México, enfrentan la reubicación forzada al sur del país por parte de funcionarios mexicanos. Allí, deben esperar meses para obtener una respuesta a sus solicitudes de asilo.
En el sur de México, según HRW, los migrantes enfrentan problemas como la falta de acceso a servicios básicos como atención médica, agua potable y refugio. También enfrentan violencia por parte de grupos criminales, autoridades de migración nacionales, soldados de la Guardia Nacional y policías, así como la posibilidad de deportación sumaria.
Además, HRW detalló que las personas que son devueltas por las autoridades son entregadas directamente a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) quienes, a menudo, los detienen y los colocan en autobuses que no se les permite abandonar durante hasta tres días. Luego, los trasladan a Villahermosa, Tabasco, en la frontera con Guatemala, sin realizar un escrutinio de las necesidades de protección al efectuar estas reubicaciones forzadas, que el INM llama “retornos asistidos”.
Los solicitantes de asilo le dijeron a HRW que los agentes del INM les gritaban y no les permitían leer lo que estaban firmando. Dijeron que los agentes del INM tampoco les preguntaban si tenían miedo de regresar a su país de origen o a Guatemala.
El INM informó a HRW que, de mayo a septiembre de 2023, había recibido a 31,409 migrantes no mexicanos enviados por Estados Unidos a México. Esta cifra es mayor que los datos citados de manera inconsistente por el gobierno de Estados Unidos durante el mismo período.
Tanto México como Estados Unidos han hecho obligatorio el uso de la aplicación móvil del gobierno estadounidense, CBP One, para las personas que buscan asilo en la Unión Americana. Esto ha resultado en una “medición” de facto, una práctica que limita el número de solicitantes de asilo procesados en los puertos de entrada cada día, devolviendo a otros a México.
Casi todos los solicitantes de asilo entrevistados por HRW describieron problemas para usar o acceder a CBP One. Para algunos, la aplicación era particularmente difícil de usar debido a factores de identidad como su raza, alfabetización digital, capacidad para leer o escribir, idioma, edad, estatus LGBT o discapacidad. Algunos solicitantes de asilo no tienen teléfonos celulares porque no pueden pagarlos o porque actores criminales o agentes gubernamentales en México les han robado los teléfonos.
El informe de HRW se basó en entrevistas con 128 solicitantes de asilo que pudieron compartir información sobre las experiencias de un total de 263 personas, incluidos familiares y amigos con quienes viajaban, así como entrevistas con 13 trabajadores de refugios, ocho proveedores de servicios para migrantes, funcionarios del gobierno mexicano y trabajadores de derechos humanos. La investigación se llevó a cabo entre agosto y septiembre de 2023 en varias ciudades de México y Texas.
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