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| Cuartoscuro |
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, finalmente cedió la operación de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal (UIFE) a la Fiscalía General de Justicia del estado, que ahora será autónoma.
La decisión se oficializó mediante un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado lunes, y responde a un emplazamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fijó como fecha límite el 14 de febrero para resolver la controversia interpuesta por el Congreso local.
Acusan al Ejecutivo de omitir publicación
El Poder Legislativo acusó al Ejecutivo de omitir la publicación de la reforma aprobada en junio de 2022, con el objetivo de evitar que la UIFE dejara de depender de la Tesorería Estatal y, por ende, del control del gobernador en turno.
Investigaciones sin sesgo político
Con este cambio, la UIFE tendrá la facultad de investigar de manera independiente la información financiera, física y patrimonial de personajes políticos, empresarios y ciudadanos, sin responder a intereses políticos.
Designación de nuevo titular y plazo para modificaciones
El decreto establece un plazo de 60 días naturales para designar a un nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera y 90 días adicionales para que la Fiscalía y la Tesorería implementen las reformas necesarias y establezcan un reglamento interno.
Facultades de la UIFE
La UIFE tiene la facultad de congelar cuentas o activos del sistema financiero, y es la dependencia responsable de investigar los hechos que presuman un beneficio o incremento económico injustificable, así como la participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
SCJN ordena publicación
Cabe destacar que la publicación de la reforma fue ordenada por la SCJN a finales de noviembre de 2023, al considerar que García Sepúlveda incurrió en una omisión al no publicar el decreto previamente aprobado por el Congreso de Nuevo León.
Controversia constitucional
El Congreso local había avalado la reforma el 15 de junio de 2022, y aunque la presidencia del Congreso local ordenó su publicación, el Ejecutivo no la ejecutó. Ante esta decisión, el Congreso interpuso una controversia constitucional, acusando al gobierno de violar la división de poderes.
La UIFE ahora estará bajo el mando de Pedro Arce Jardón, responsable del despacho de la Fiscalía General de Justicia.
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