EFE |
Fierro, galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, señaló que entre octubre de 2012 y noviembre de 2023 se registraron 834 ataques contra defensores y periodistas. De estos, 356 (43%) podrían atribuirse a funcionarios públicos y 276 (33%) a actores no estatales, como grupos del crimen organizado.
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A pesar de estas cifras, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) solo logró 37 sentencias condenatorias por delitos contra periodistas en el mismo periodo, incluyendo amenazas, robos, tortura y homicidios. Sin embargo, solo ocho de estas condenas fueron por asesinatos de periodistas.
Fierro criticó la discrepancia en las cifras oficiales sobre homicidios de periodistas. Mientras que la Feadle registró 86 asesinatos desde 2012 hasta diciembre de 2023, solo 30 de ellos se consideraron relacionados con el ejercicio periodístico. Por otro lado, la Secretaría de Gobernación registró 166 asesinatos hasta octubre de 2022, sin especificar cuántos estaban vinculados al trabajo de las víctimas.
Ante esta situación, Fierro instó al gobierno mexicano a tomar medidas urgentes para fortalecer el Mecanismo de Protección, incluyendo la asignación de recursos adecuados y la implementación de un sistema de monitoreo y protección eficaz para garantizar la integridad de los periodistas.
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Recientemente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por lo que consideró una grave filtración de datos personales de periodistas en México. Esto ocurrió después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, revelara públicamente el número telefónico de Natalie Kitroeff, corresponsal en México de The New York Times, en su conferencia habitual.
En este contexto, se publicó el informe "Nadie garantiza mi seguridad. La urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas" de Amnistía Internacional, que documenta el asesinato de ocho periodistas en el país que estaban inscritos en el Mecanismo de Protección gubernamental.
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