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lunes, 25 de marzo de 2024

Jueza de EU acepta demanda de México contra comerciantes de armas de Arizona

AFP

Avanza Demanda de México Contra Comerciantes de Armas de Arizona

El gobierno de México ha obtenido un avance significativo en su lucha contra el tráfico de armas. Una jueza estadounidense ha dictaminado que la demanda presentada por México contra cinco empresas vendedoras de armas de Arizona puede continuar. Estas empresas están acusadas de facilitar el tráfico de armas y municiones a los cárteles de drogas mexicanos.


La jueza federal de distrito Rosemary Márquez, en Tucson, desestimó los argumentos de los distribuidores de armas, quienes alegaban que la Ley federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) los protegía contra la demanda presentada por México en 2022. Márquez sostuvo que México presentó afirmaciones plausibles que están exentas de la protección de la PLCAA, incluyendo que las empresas violaron varias leyes estadounidenses relacionadas con armas de fuego, causando daño a México.

México sostiene que los comerciantes de armas facilitaron el tráfico de armas de asalto de estilo militar, como el AR-15, y municiones a los cárteles a través de prácticas imprudentes e ilegales. Estas prácticas incluyen la venta de armas de fuego a compradores testaferros que adquirían ilegalmente estos productos para terceros.

Tras la decisión de la jueza, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que en las siguientes etapas de la demanda se presentará evidencia para demostrar la "conducta negligente" de las empresas y se buscará obtener una reparación del daño. 


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La Secretaría subrayó que "México está convencido de que le asiste la razón jurídica y moral en sus acciones legales contra el tráfico ilícito de armas, y continuará defendiendo puntualmente sus intereses y el de la ciudadanía por todas las vías a su alcance".

Aunque la jueza permitió que gran parte de la demanda avanzara, desestimó varias de las reclamaciones legales individuales de México, incluida la acusación de que las empresas violaron la ley estadounidense contra el crimen organizado y causaron perjuicios públicos.

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