En abril pasado se registraron los asesinatos de por lo menos cuatro aspirantes a un cargo de elección popular en las elecciones del próximo 2 de junio.
Expertos de organizaciones que analizan la violencia política coincidieron en que este tipo de delitos se llevan a cabo a nivel local y es donde más se resienten los efectos del control territorial que ejerce el crimen organizado; esto con base en resultados de tres distintas investigaciones en esta problemática.
Durante el foro “Más allá de las urnas: explorando la violencia en el proceso electoral de México 2024”, Itzel Soto, coordinadora de la plataforma Votar entre Balas de Data Cívica, reveló que la violencia política es más frecuente en localidades en donde existe alternancia política.
Comentó que un mes antes de las elecciones es cuando más aumentan los ataques, con un repunte significativo en el mes de abril de 2024, donde se registraron 70 víctimas.
Además, destacó que la violencia no se limita a los períodos electorales, sino que también ocurre antes y después de estos.
“Si bien sabemos que a partir de la guerra contra el narcotráfico aumentaron diferentes tipos de violencia y generar los homicidios en general en México, vemos que a partir de 2010 empieza a aumentar (la violencia política) y este sexenio no invierte la tendencia, sino que sigue igual en aumento”, detalló Soto.
La experta afirmó que no se identificó un patrón específico de ataques hacia un partido en particular, aunque se observó que Morena y sus aliados representan el 40 % de las víctimas registradas.
Armando Vargas, investigador de Integralia Consultores, calificó este tipo de violencia como uno de los mayores desafíos para la gobernabilidad democrática en las próximas décadas.
El especialista señaló que las implicaciones postelectorales de esta problemática se observan en la afectación en la calidad de vida de la población, al permitir el fortalecimiento del control territorial del crimen organizado y la construcción de regímenes criminales.
Además, destacó la necesidad de reconocer el problema en su verdadera dimensión y de implementar medidas efectivas para combatir al crimen organizado, incluyendo la posibilidad de anular elecciones en casos de intervención delictiva.
“Nuestra democracia es una democracia cautiva, una democracia secuestrada, que se ha convertido en un mecanismo para que muchos territorios, los grupos criminales accedan al control de los territorios y a partir de ahí comience con la explotación de actividades políticas, económicas y sociales”, explicó
Por su parte, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, subrayó que, debido a la violencia política y a la creciente intervención del crimen organizado, muchos ciudadanos no podrán ejercer su voto de manera libre el próximo 2 de junio, afectando la legitimidad y la solidez institucional de nuestra democracia.
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