Durante el fin de semana, se llevó a cabo el allanamiento de dos granjas más en estados del centro de Venezuela, lo que evidencia que persiste el cierre y desmantelamiento de instalaciones mineras de Bitcoin continúa en el país suramericano.
De acuerdo con la información que publica el Ministerio de Energía Eléctrica en redes sociales y que también difunden medios locales, se incautaron alrededor de 6.288 equipos mineros en allanamientos realizados en Portuguesa y Cojedes.
Las autoridades venezolanas ahora afirman haber confiscado unas 5.995 máquinas en el estado Portuguesa, las cuales se encontraban desconectadas. Según señalan, el procedimiento se ejecutó con el acompañamiento de fuerzas policiales y militares.
Una situación similar se presentó en el estado Cojedes con el allanamiento de la granja de minería Dimitras C.A, ubicada en el municipio Tinaco, donde aparentemente se desmontó toda la infraestructura.
"En este procedimiento el Ministerio Público incautó como evidencias de interés criminalístico 293 máquinas minadoras, 22 ventiladores de enfriamiento, nueve breakers de 400 amperios, ocho contactores de 200 voltios, dos computadoras adaptadas para el sistema de vigilancia y monitoreo de minería y cuatro transformadores de 167.5 kVA." Ascensión García Caballero, gerente territorial de Corpoelec.
Las incautaciones se realizaron como parte del denominado «Plan Especial de Fiscalización de Cargas» puesto en marcha por el Ministerio en conjunto con la Corporación de Energía Eléctrica (Corpoelec) y el Ministerio Público.
El objetivo, según indica el Ministerio en su cuenta de Instagram, es «mejorar el servicio de electricidad», el cual se caracteriza –desde hace ya varios años– por presentar continuas fallas en el suministro.
Bajo este alegato, la meta del gobierno venezolano es desconectar del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a todas las granjas para la minería de criptomonedas existentes en el país. Es por ello que, desde hace más de una semana, las autoridades han procedido a ejecutar una serie de allanamientos que comenzaron en el estado Carabobo, también al centro del país.
De ahí que el funcionario García Caballero convoque a los ciudadanos «a denunciar a quienes realizan actividades de minería digital» ante las instancias correspondientes, como los Organismos de Seguridad Ciudadana o las oficinas de Corpoelec.
Se trata de acciones que, en opinión de las autoridades, «evitarán el alto impacto en la demanda y permitirán seguir ofreciendo un servicio eficiente y confiable a todo el pueblo venezolano».
Se culpa así a los mineros de los problemas de suministro presentes en todo el territorio, a pesar de que los datos del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) indican que Venezuela tiene déficit energético de, al menos, 3.000 megavatios. En consecuencia, solo hay disponibles 10.000 MW de los 13.000 MW demandados por la población.
Es por ello que muchos venezolanos ven difícil que se cumpla la promesa de mejora del servicio solo con la desconexión de las granjas para la minería de Bitcoin, tal como comentan en las redes sociales del Ministerio de Energía Eléctrica. Allí, la mayoría de los usuarios respondió a la publicación del organismo cuestionando la calidad del servicio y dudando que las fallas desaparezcan.
Reportes anteriores indican que, hasta el 20 de mayo pasado, más de 11.000 mineros de Bitcoin se habían confiscado en la zona industrial carabobeña. Una cifra que habría ascendido a 13.000 en días posteriores, con allanamientos en el vecino estado de Aragua. Aunque datos extraoficiales, suministrados a CriptoNoticias por mineros venezolanos, apuntan que los decomisos ya están por encima de los 100.000 equipos en todo el país.
Toda esta situación lleva a una ilegalización, de facto, de la minería de Bitcoin. En un panorama donde incluso se ha generado la paralización de procesos relacionados con la industria, como la venta de equipos y la oferta de servicios técnicos. Tal como informó este medio, todo esto ocurre a pesar de que la actividad tiene rango legal según las leyes vigentes, siendo Venezuela un país que se destacó por ser uno de los pioneros en regulación minera.
Sin embargo, todo cambió en 2023. Esto, tras la intervención de la Sunacrip, el organismo supervisor del sector, y el arresto del exsuperintendente Joselit Ramírez, en medio de un escándalo de corrupción. Desde ese momento la actitud del gobierno nacional hacia la industria ha dado un giro de 180 grados, sometiéndola a una etapa de incertidumbre que aparentemente está lejos de desaparecer.
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