PRI buscará anular elecciones en cuatro municipios de Michoacán por inseguridad

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que prepara la ruta legal para anular las elecciones en cuatro municipios de Michoacán, de los que sólo identificó a Turicato, por la injerencia directa del crimen organizado.

Guillermo Valencia Reyes, líder estatal del PRI, señaló que impugnará ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) los comicios en las cuatro demarcaciones ubicadas en Tierra Caliente, debido a que sus candidatos no pueden hacer campaña por amenazas, fue imposible designar a representantes de casilla y los grupos criminales impiden la participación libre de los votantes.


En Turicato —el único municipio que el PRI identificó—, la candidata a la presidencia municipal, Yessenia Lizbeth Vázquez Alanís, hace campaña desde Morelia, a 115 kilómetros del municipio que busca gobernar, debido a que recibió amenazas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, el CJNG disputa el territorio con Los Viagras en esta zona de la Tierra Caliente.


El representante del PRI ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Alejandro Bribiesca, dijo a Organización Editorial Mexicana (OEM) que además de las amenazas comprobables hacia los candidatos, hay varios escenarios que se están explorando en estas elecciones, uno de ellos es que se demuestre que en 20 por ciento de las casillas se presentaron diferentes irregularidades, como la injerencia directa de grupos criminales que impidieron a los ciudadanos acudir a las urnas o la coacción del voto.

La presidenta del TEEM, Yurisha Andrade Morales, advirtió que en Michoacán no hay precedentes para anular elecciones por el impedimento de hacer campañas; agregó que para anular una elección por la intromisión del crimen organizado, es necesario que se identifique la violencia generalizada y determinar que influyó en el resultado.


Durante el presente proceso electoral, OEM documentó el asesinato de cuatro aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular en Michoacán y 31 en todo el país.

El 9 de mayo, la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD) presentó un mapa de riesgos a nivel nacional en el que alerta que cerca del 29 por ciento de todas las secciones electorales del país se encuentran en riesgo alto o medio por la violencia.

De las dos mil 749 secciones electorales en Michoacán, 2.76 por ciento se encuentran en riesgo medio o alto según el documento.

De ocurrir irregularidades el 2 de junio en todas estas secciones, la elección presidencial podría anularse, aseguró a El Sol de México Santiago Creel Miranda, coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez.

Puntualizó que el propósito de este mapa es advertir a las autoridades para que se refuerce la seguridad y las elecciones no sufran ningún tipo de afectación.

“No queremos que se anulen las casillas. Nosotros deseamos ganar en las urnas, que cuenten los votos. Esa es la intención de esta alerta temprana”, declaró Creel Miranda.


De acuerdo con la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la elección presidencial puede anularse si en al menos 25 por ciento de las casillas a nivel nacional ocurriera alguno de los incidentes que plantea su artículo 68, como ejercer violencia física o presión sobre las personas integrantes de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, así como impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos.

El mapa realizado por Fuerza y Corazón por México divide las secciones electorales en zonas de alta y media potencialidad de violencia: 14 mil 119 se encuentran en zona roja (índice alto de violencia) y seis mil 297 en zona naranja (índice medio). Dicho trabajo se realizó con base en información de los comités locales de los partidos políticos, de las gubernaturas, de organizaciones civiles que documentan la violencia electoral, además de lo ocurrido en elecciones pasadas en las que intervino el crimen organizado.

De acuerdo con el documento México: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations, las disputas de territorios entre cárteles “ha tenido implicaciones políticas en México” y la intimidación a políticos, candidatos y sus familias “ha generado alarma entre muchos grupos de víctimas y otras organizaciones de derechos humanos en México y entre los socios políticos y comerciales de México”.