Un estudio del International Crisis Group (ICG) revela que existen reglas tácitas entre fuerzas de seguridad y grupos criminales para reducir y ocultar la violencia. Estos pactos permiten que los criminales desaparezcan cuerpos para evitar aumentar las estadísticas de homicidios, mientras que las autoridades hacen la vista gorda ante ciertas ilegalidades, permitiendo a los criminales diversificar sus actividades y controlar comunidades.
El informe, titulado "El laberinto de los generales: crimen y Ejército en México", se basa en entrevistas con militares, policías, funcionarios, activistas y criminales. Señala que ocultar víctimas es una estrategia para evitar reacciones violentas de las autoridades.
A pesar de la solicitud de comentario a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no hubo respuesta. Activistas y funcionarios mencionan que los asesinatos se registran bajo otras causas de muerte o no se registran, debido a presiones políticas para reducir las tasas de homicidios.
El estudio observa un aumento en las desapariciones y delitos que atentan contra la vida, superando en algunos casos a los homicidios. La administración de López Obrador ha visto un incremento en estos delitos, sin explicaciones claras sobre cambios en la clasificación de defunciones.
El ICG advierte que el próximo gobierno, bajo Claudia Sheinbaum, debe "limpiar" las Fuerzas Armadas y mejorar la transparencia y responsabilidad en la lucha contra el crimen.
Los líderes criminales describen los controles militares como evitables y mencionan acuerdos para evitar conflictos con la Guardia Nacional. El informe concluye que se necesita una mayor supervisión de las responsabilidades militares en la lucha contra el crimen.