Este miércoles, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional que restituye el carácter de "empresas públicas" a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), después de haber sido consideradas "empresas productivas del Estado" desde la reforma energética de 2013. El dictamen fue avalado con 353 votos a favor, 122 en contra y ninguna abstención.
La reforma, promovida originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, enfocándose en sectores estratégicos del país como la energía y el manejo del litio, además de los servicios de internet. Con estas modificaciones, el Estado retomará un mayor control sobre la generación de energía, con el objetivo de que la CFE produzca el 54% del total, mientras que el 46% restante quedará en manos de empresas privadas.
Durante el debate, algunos legisladores de la oposición manifestaron su desacuerdo. El diputado panista César Augusto Rendón García criticó la reforma por "reforzar el control estatal" y afectar la calidad de los servicios. Claudia Gabriela Salas Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, señaló que la iniciativa carece de detalles sobre la regulación de la inversión privada, mientras que el priista Mario Zamora Gastélum alertó que la reforma podría contradecir disposiciones ya establecidas y afectar acuerdos comerciales internacionales.
Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, respaldó la reforma durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Explicó que la reforma busca mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, asegurando una distribución más equitativa y eficiente de la energía, con el Estado como regulador principal. También destacó que la reforma ofrece certeza a los inversionistas, incentivando la inversión privada en el sector energético.
Este dictamen es un paso importante para que Pemex y CFE asuman un papel predominante en la producción de energía del país, reafirmando el control estatal en sectores estratégicos.