El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha decidido, por mayoría de votos, avanzar en la implementación de la reforma judicial, desestimando las suspensiones judiciales que frenaban el dictamen. Esta decisión ha generado un fuerte rechazo por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), que denuncia un desacato a las determinaciones judiciales.
En un comunicado difundido en redes sociales, Jufed alertó que el incumplimiento de las suspensiones representa una clara ruptura del Estado de derecho y una violación a la división de poderes. La asociación expresó su preocupación por el próximo sorteo programado para la selección de jueces y magistrados, señalando que la implementación de la reforma, en contraposición a las suspensiones, pone en riesgo la viabilidad del Estado de derecho y la legitimidad democrática.
Te puede interesar: Asesinato de músicos de narcocorridos en Guanajuato
Asimismo, la asociación criticó la actuación del gobierno de Claudia Sheinbaum, argumentando que genera una crisis constitucional. Aseguran que la decisión del CJF se tomó sin diálogo con los jueces, ministros y magistrados que estarán involucrados en el proceso electoral mediante el voto popular previsto para 2025.
La reforma judicial contempla la elección, por voto, de nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 1 de junio de 2025, así como la selección de magistraturas vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral y en todas las magistraturas de las salas regionales del Tribunal, además de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. También se ordenó someter a votación popular la mitad de los casi 1,600 cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito en 2025, mientras que la otra mitad se elegiría en 2027.
En este contexto, el Senado deberá llevar a cabo el sorteo en una tómbola para determinar los cargos que se elegirán el próximo año, un evento programado para el sábado 13 de octubre. La situación ha suscitado un amplio debate sobre la legalidad y la legitimidad del proceso de reforma judicial en México.