El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ha evitado enfrentar una acusación y el pago de 3.4 millones de dólares como reparación del daño en el caso Agronitrogenados. Esto se debe a que un juez de control determinó la suspensión del proceso.
Sin embargo, Lozoya permanecerá detenido en el Reclusorio Norte porque aún enfrenta un proceso penal relacionado con los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en el cual se le impuso la prisión preventiva justificada.
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El juez argumentó que el acuerdo de reparación celebrado entre el empresario Alonso Ancira y Pemex por la venta a sobreprecio de la planta Agronitrogenados se extiende a Lozoya como imputado del mismo caso, basándose en un criterio establecido por un tribunal colegiado.
Este criterio indica que cuando existen acuerdos reparatorios en casos con múltiples imputados sobre un mismo hecho delictivo, su cumplimiento por alguno de ellos beneficia a quienes no participaron en el acuerdo.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado que interpondrá un recurso de revisión contra esta determinación del juez, ya que considera que el acuerdo reparatorio de Alonso Ancira no debería aplicarse a Emilio Lozoya.
El juez Gerardo Alarcón López fundamentó su decisión en un criterio jurídico establecido por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito.
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Este criterio establece que en los acuerdos reparatorios como una alternativa al juicio penal, cuando hay varios imputados en un mismo hecho delictivo y alguno de ellos celebra y cumple dicho acuerdo, los beneficios se extienden a quienes no participaron en el acuerdo.
Esto se justifica en que la extinción de la acción penal beneficia a todos al haberse satisfecho el interés particular de la víctima u ofendido a través de la vía penal.
Es importante destacar que esta no es la primera vez que el juez Alarcón López utiliza un criterio jurídico que beneficia a la familia Lozoya. Anteriormente, en marzo, retiró la prisión domiciliaria a Gilda Margarita Lozoya Austin, madre de Emilio Lozoya, basándose en un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que establece el derecho de los adultos mayores a vivir una vida plena e independiente y libre de violencia, de acuerdo con la Convención Interamericana para los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, a la cual México se adhirió.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado que interpondrá un recurso de revisión contra la decisión del juez, argumentando que el acuerdo reparatorio celebrado por el empresario Alonso Ancira no debería aplicarse a Emilio Lozoya.
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