Seguidos por vehículos con soldados fuertemente armados, cuatro féretros flotaban sobre un mar de cientos de dolientes. Los vecinos se asomaban nerviosos desde sus casas mientras la multitud se abría paso entre negocios cerrados, calles vacías y carteles de campañas políticas que cubrían el pequeño pueblo de Huitzilac.
Días antes, hombres armados en dos coches rociaron de balas una tienda cercana, cobrándose las vidas de ocho hombres que, según los lugareños, estaban tomando cervezas después de un partido de futbol. Ahora el miedo se apodera del día a día de los habitantes, quienes dicen que el poblado está inmerso involuntariamente en un fuego cruzado entre mafias rivales.
El creciente número de grupos delictivos en México ve en las elecciones del 2 de junio una oportunidad para hacerse con el poder, por lo que han matado a más de 100 personas por motivos políticos, entre ellas una veintena de candidatos este año, y se disputan territorios, aterrorizando a comunidades locales como Huitzilac.
“La violencia siempre está, pero nunca ha habido tantas muertes como ahora. Un día matan a dos, el otro matan otro”, dijo el martes Anahí, una madre de 42 años, quien no reveló su nombre completo por temor a ser agredida. “Cuando suena mi teléfono, a veces me da tanto miedo de que sea de la escuela y me digan que pasó algo con mis hijos”.
La violencia de los cárteles no es nada nuevo en México, pero el derramamiento de sangre en el país se ha disparado antes de las elecciones, siendo abril el mes más letal de este año, según datos del gobierno.
Pero los candidatos no son los únicos que están en riesgo. Incluso antes de los comicios, estaba claro que el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, quien había prometido aliviar la guerra entre cárteles, había hecho poco más que estabilizar el elevado nivel de violencia en México.
A pesar de disolver una Policía Federal corrupta y sustituirla por una Guardia Nacional de 130 mil efectivos, y enfocarse en atender los problemas sociales que favorecen el reclutamiento por parte de los cárteles, los asesinatos en abril alcanzaron casi el mismo máximo histórico que cuando López Obrador asumió el cargo en 2018.
En muchos casos, las autoridades se han negado a perseguir a los líderes de los cárteles, los cuales han ampliado su control en gran parte del país y han multiplicado sus ganancias, no sólo a partir de las drogas, sino también en sectores de negocios legales y la trata de migrantes. También han luchado con herramientas más sofisticadas, como drones que lanzan bombas y artefactos explosivos improvisados.
Hasta ahora, los candidatos presidenciales sólo han ofrecido propuestas que equivalen a más de lo mismo.
“La violencia criminal se ha vuelto mucho más difícil de resolver hoy que hace seis años… No se puede esperar una solución rápida a la situación; está demasiado arraigada”, dijo Falko Ernst, analista sénior de México en el International Crisis Group, un grupo sin fines de lucro enfocado en la prevención de guerras. “Ahora va a ser aún más difícil de deshacer” que cuando López Obrador llegó al poder.
La masacre del sábado en Huitzilac ocurrió después de oleadas de otros ataques, según medios de comunicación locales y residentes. Tan sólo en las últimas semanas, medios locales informaron que tres personas fueron asesinadas en la carretera que sale del poblado, otras tres fueron tiroteadas frente a un restaurante en un municipio vecino y, en la cercana ciudad turística de Cuernavaca, delincuentes habrían matado a un paciente en un hospital privado.
Josué Meza Cuevas, secretario general municipal de Huitzilac, dijo que no estaba claro qué provocó el derramamiento de sangre, pero muchos en el pueblo lo atribuyen a una guerra territorial entre la Familia Michoacana, La Unión de Morelos y otros cárteles, que ha hecho del estado de Morelos uno de los más violentos de México.
El martes Huitzilac se sumió en un silencio inquietante, los comercios cerraron y pocos se atrevieron a salir a la calle. Las escuelas suspendieron las clases hasta nuevo aviso en respuesta a las peticiones de padres temerosos.
Anahí, residente de Huitzilac desde hace años, y sus hijos adolescentes fueron una de las muchas familias que se refugiaron en sus casas, demasiado asustadas para salir a la calle.
Aunque Cuevas dijo que “nunca (se) ha suscitado algo así”, Anahí indicó que llevaba mucho tiempo sintiendo que la muerte le respira en la nuca.
Situado a poco más de una hora de los bares de moda y los albergues para mochileros de la Ciudad de México, Huitzilac tiene fama de ser un pueblo fuera del alcance de la ley.
En Huitzilac, soldados armados de la Guardia Nacional se movían nerviosos el martes mientras vigilaban a un costado de la carretera. Un soldado dijo que sus unidades han enfrentado varios ataques desde el derramamiento de sangre del pasado fin de semana. Un vehículo blindado pasó delante del pequeño bar del barrio donde fueron asesinados los ocho hombres, el cual tenía la fachada perforada por las balas, y velas y flores en el suelo.
Manifestantes lloraban y rezaban mientras cargaban los féretros por el poblado, pero muchos de ellos guardaron silencio y miraron al suelo cuando The Associated Press se acercó a preguntarles cómo se sentían.
“Esto le está ocurriendo ahora a gente inocente. Y si hablas, te matan”, dijo un hombre de mediana edad con un sombrero de vaquero sentado afuera del lugar donde eran veladas cuatro personas.
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